Comparada a otras constituciones, la carta magna venezolana es una de las más modernas del mundo. Sin embargo, el partido Voluntad Popular llamó hace unos días a la ciudadanía para que active el poder constituyente, el cual busca refundar la República, ordenar nuevos poderes públicos, redactar una nueva constitución y llamar a elecciones generales.
Una constituyente no es un camino fácil, el cual en su paso deja una estela de dudas. La socióloga y profesora universitaria, Colette Capriles, aseveró que “Las constituyentes sólo sirven para entronizar una nueva casta en el poder, sin reglas para contenerla (…) La Constitución de 1961; y la de 1999 que mucho se le parece, son buenas constituciones y no necesitan ser cambiadas”, declaración que contrastan con la de líderes de Voluntad Popular, quienes afirman que activar el poder constituyente podría ayudar a salir de la crisis económica, política y social de raíz.
En una coyuntura que vive la oposición venezolana y el descontento general de la ciudadanía, quien demanda al unísono un mejor gobierno pero a su vez exige otra oposición, pone en tela de juicio cualquier acción que podría resultar un paso en falso.
El abogado Andrés de Sousa, experto en derecho constitucional, aseguró que aunque la constituyente efectivamente puede ser una salida vigente, democrática y pacífica, podría desatar trabas por parte de los poderes públicos: “Para ir a una constituyente se necesita el 15% de las firmas de los electores; luego de eso consignarlas al CNE para que éste convoque a un referéndum donde posiblemente se le pregunte al país si aprueba o no una refundación del Estado, por lo que una Asamblea Nacional Constituyente sin el actual CNE se ve inhabilitada”.
El pasado domingo 28 de septiembre, un día después de activar la recolección de firmas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un comunicado donde cuestionan la metodología empleada para recoger firmas: “La recepción de manifestaciones de voluntad para activar la convocatoria de una Constituyente sin la intervención del Poder Electoral, carece de legalidad pues no garantiza los principios de certeza, seguridad y pulcritud”.
Declaración de la máxima autoridad electoral que contrasta con el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual cita textualmente: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Sin embargo, de Sousa asegura que “Aún no se ha instalado la Asamblea Nacional Constituyente, lo que hay ahora es un llamado a la activación de dicho poder ciudadano, así que fácilmente los actuales poderes pueden objetar el referéndum posterior a la recolección de firmas”.
En la historia contemporánea de Venezuela, la más reciente constituyente fue la de abril del año 1999, cuando el presidente recién electo, Hugo Chávez, convocó a dicha Asamblea Nacional. En ese momento, hubo un amplio respaldo a la reforma de la Constitución y la refundación del Estado y como la convocatoria provino del primer mandatario, nadie pudo objetar su instalación.
En aquel momento de cambios para el país, la opción sí, liderada por Chávez y su Movimiento Quinta República obtuvo el 87,75% de aprobación con una participación que llegó apenas a 37,65%. Posterior a eso, en julio de 1999 se convocó de nuevo a los venezolanos para que eligieran a sus constituyentitas, los cuales se encargaron de redactar la nueva Constitución que fue aprobada posteriormente por vía referéndum en diciembre de 1999 con el 71,78% de los votos.
En el caso actual, el artículo 348 de la Constitución manifiesta que la activación del poder constituyente puede ser a través del presidente de la república, de las tres quintas partes de la AN, los cabildos municipales o el 15% de los electores. Evidentemente para la oposición que quiera aventurarse, el único camino es la búsqueda de ese 15% de electores que estén dispuestos a firmar.
Según datos actualizados del CNE, los venezolanos inscritos en el Registro Electoral Permanente son 19 millones 119 mil 809, por lo que Voluntad Popular y sectores que apoyan una constituyente tienen que convencer a 2.867.972 personas para que coloquen su firma y huella.
Una constituyente, sin duda, requiere de por lo menos dos procesos electorales, sin contar los posteriores a la nueva constitución, los cuales van desde elecciones parlamentarias hasta nuevas elecciones presidenciales. Un camino arduo para quien quiera emprender una salida democrática en Venezuela teniendo poderes públicos parcializados, una oposición dividida y un inmenso aparataje propagandístico pro-gobierno.
Guillermo Farit Padilla
@Guillermo_farit
Cuentos de Guillermo 